Valeria Coronel

El régimen de transición intentó preparar a gusto el proceso electoral del 24 de marzo del 2019. Desmantelar el partido con mayor votación del siglo XXI, modificar las reglas del juego electoral con maromas que intentaban golpear la expresión de potenciales antagonistas y promover una campaña por el voto nulo para desmantelar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fueron todos intentos de restringir el campo democrático y sus potenciales derivas fuera del control de los operadores del neoliberalismo.

Los argumentos usados para desmantelar el CPCCS son dignos de observar. La imagen de este organo de la participación ciudadana como un instrumento de la dictadura o como un invento exótico a la tradición politica occidental fue difundida por distintas columnas perodisticas para motivar el voto nulo (véase https://bit.ly/2Y8YWNJ). Según lo recoge diario el Comercio en una desconcertante nota del 20 de marzo, el mismo presidente del CPCCS-Transitorio, Julio Cesar Trujillo, y la ministra del Interior María Paula Romo, expresaron público desasosiego por el riesgo que portaba la potencial autonomía de la voluntad popular a puertas de las elecciones. Trujillo hizo pública su sensibilidad elitista al decir que prefería votar nulo que votar por personas “desconocidas” que se habían candidatizado al órgano de la democracia participativa y control social. Mientras, Maria Paula Romo expresaba rechazo a la expresión de la voluntad popular de un sector del espectro politico de al menos un 30% de la ciudadanía, al que llamó con fobia “correísta”. Sus declaraciones tradujeron una sensibilidad contraria no solo al órgano de democracia participativa sino al carácter universal de los derechos políticos consagrados en Ecuador. La sensibilidad de tales altos dignatarios favorecería claramente la restricción de los derechos políticos. Una serie de estratagemas para acomodar el escenario electoral expresan este espíritu. Impedir el registro de un partido que recogía la identidad del defenestrado partido AP y que por tanto podría haber representado una competencia en el espectro territorial (la Revolución Ciudadana), excluir un sector de los electores (extranjeros con derecho a voto), promover de formas insólitas el triunfo del voto nulo a través de maromas aritméticas forman parte de la lista de instrumentos para controlar la lid democrática.

Paradójicamente, el régimen que intentó apasionadamente asfixiar el órgano de la democracia participativa exhibió como trofeo la cercanía mantenida con la dirigencia de organizaciones como la UNE, el movimiento indígena y el MPD. La alta dirigencia de los movimientos sociales, invitada a participar del régimen de transición colaboró en la construcción de un escenario de voto nulo, favoreciendo la desaparición del organismo democrático. Este capítulo de la historia ecuatoriana es sin duda clave para observar cómo la integración de la dirigencia del movimiento popular al ejecutivo durante el regimen transitorio ha sido un golpe mortal que les ha hecho gestores del desmantelamiento de sus propias conquistas. El CPCCS, órgano de control popular y de democracia ciudadana, es una de esas conquistas a ser sepultada en medio de un proceso acelerado de desmantelamiento institucional si las maniobras que han promovido el voto nulo hubieran sido existosas. Se trataba de evitar que la plebeyizacion real de las instituciones democrático participativas moviera la rueda de la democracia en su conjunto. De lo contrario, se hubiera puesto en entredicho el control personalista que pesa sobre los partidos políticos regionales y las fuerzas corporativas aliadas que ayudan a sostenerlo.

En esta lamentable situación que conjugó la cooptación de la alta dirigencia de los históricos movimientos sociales con el viejo sentir anti-popular de los partidos políticos tradicionalmente endogámicos y regionales, y el éxito del régimen en su objetivo de desmantelar AP e impedir la participación de la Revolución Ciudadana, se generaron las condiciones para que el Partido Social Cristiano ocupe la mejor posición posible en la cancha política. El PSC, tradicionalmente identificado como autoritario, tomó posición en el espacio pluralista huérfano; su aspiración a pasar de poder regional a poder nacional contó con el amordazamiento del partido popular con mayor respaldo electoral del siglo XXI, partido cuasi proscrito. Cerrar las opciones a la lid democrática constituye la contribución del morenismo al reposicionamiento del PSC como actor innovador en la cancha política. Así el PSC pretendía ocupar en estas elecciones el lugar del pluralismo, de la renovación de la democracia representativa y defensa de la democracia participativa

Por su parte el polo popular se encontró en estas elecciones ante el desafío de recuperar, por la sola fuerza de su identidad política, un sentido de democracia cuasi proscrito: sus candidatos a las elecciones del 24 de marzo debieron convencer a los votantes que representan una voz popular en medio de una ciudadanía relativamente dispersa, bajo acoso, y en condiciones de acceso absolutamente restringido a los medios de comunicación.

El régimen transitorio le facilitó todo al PSC, amordazaron al contrincante, hicieron campaña por el voto nulo para desmantelar el CPCCS por si por allí hubiera riesgo de alternativa popular, excluyeron una parte de los votantes, cooptaron a los indios, se declararon escépticos de la democracia; todo para que el PSC ocupe el espacio político sin movimiento popular contrincante.

No pudieron sin embargo preservarles el espacio completamente. La plebeyización de la política persistió: algunos eligieron a autoridades que no representaban ni la restricción elitista de la política de viejo cuño, ni creyeron la nueva identidad que dice tener el PSC como nuevo partido pluralista y popular. El espacio que debe ocupar un partido popular sigue en disputa. Junto con la presencia visible de RC en la prefectura de Pichincha y Quito, el ascenso a alcalde de Quito de un candidato poco ortodoxo que derrotó al General de la partidocracia, se observan favorecidas alternativas que se pretenden de “centro izquierda” contra la oferta social cristiana en el austro. La derrota del candidato del PSC en Cuenca muestra que los poderes regionales condicionan, así sea por derechas, a partidos que buscan presencia universal en el territorio. La nacionalización de la política exige una activa integración de sectores sociales que no pudieron ser absorbidos por las autoridades y poderes regionales. Esta capacidad no caracteriza al partido histórico del neoliberalismo.

El ascenso de movimientos periféricos a la historia partidista con opción para la alcaldía en Quito y Cuenca muestra que la estrategia de restricción democrática que desplegó el regimen de transición a favor del PSC no puede ser una estrategia ganadora a largo plazo. Después de las elecciones del domingo 24 de marzo, ¿seguirá el PSC dependiendo del servicio entregado por el régimen de transición para colocarle en una posición de ventaja? ¿Seguirá dependiendo del juego de la democracia restringida o podrá innovarse dentro de la cancha democrática en su nueva incursión en el campo político nacional? ¿Forzarán sus resultados electorales el que deba superar cierta fobia a la plebeyización de la política, obligándolo como partido a desarrollar estrategias para responder a compromisos y complejas realidades regionales a lo largo del territorio nacional? ¿Logrará, en otras palabras, constituirse en el partido abierto al pluralismo y capaz de innovación democrática como hoy pretende ser si no se sostiene sobre el andamiaje de los privilegios con los que contó en este proceso electoral?

Esta vez el PSC jugó con ventaja programada y logró un resultado limitado. Si intentara jugar en serio y constituirse en un partido popular de derechas entraría en contradicciones insalvables. No se puede ser al mismo tiempo un partido popular y acabar con la salud pública como exige el ajuste impuesto por el FMI. La implementación de una agenda neoliberal apunta en contra del desarrollo democrático que exige la evolución de ese partido. La consolidación del partido, incluso de una derecha de masas, exige la conducción de un estado social y una estrategia de integración socio-económica de la población. Es probable que la estrategia de amordazar la democracia, hasta ahora a cargo del gobierno transitorio, tenga que continuar bajo otros medios.