Screen Shot 2018-10-27 at 3.33.11 PMEl hecho de que altos representantes del poder ejecutivo se permitan enunciar medidas cautelares contra ciudadanos que ejercieron como funcionarios públicos y que aquello no active reclamo alguno por parte de los otros poderes del estado expresa a cabalidad la profunda crisis institucional que atraviesa el Ecuador.

Solo en una sociedad donde el estado de derecho se encuentra ya trizado es posible semejante atropello a la división de poderes, a la garantía de justicia y a las libertades democráticas. ¿Cómo podrá el poder político encarar la multiplicación de actos de justicia por mano propia cuando los alienta desde la cima del Estado? Uno, dos, tres, mil Posorjas…

La descomposición de las instituciones ha sido denunciada en foros públicos e instancias internacionales en el curso de la “transición institucional” abierta tras la Consulta Popular de febrero 2018. Además del déficit de ‘legitimidad de origen’ de dicha Consulta -por el no pronunciamiento de la Corte Constitucional -se ha observado un recurrente desapego del mandato popular por parte del órgano transitorio (CPCCS-T) que pilotea la transición. Así, se ha denunciado la destitución de autoridades sin debido proceso, la arrogación de poderes, la designación de autoridades encargadas (no definitivas) bajo parámetros discrecionales y el decreto de una vacancia constitucional por destitución de la Corte. La lista podría ampliarse. Todo esto acontece sin que exista ningún control democrático sobre el Transitorio. Una suerte de poder constituyente -nominado por el ejecutivo- opera de este modo más allá de la voluntad popular y de los procedimientos constitucionales para el cambio institucional.

Tal estado de excepcionalidad pretende ser justificado en nombre de una cruzada anti-corrupción. Ningún sector democrático se opone a tal empresa, pero su legitimidad no puede provenir del “buen nombre” de sus abanderados. El respeto absoluto a la ley es condición democrática fundante para el combate a quienes la han burlado. Los personajes abocados hoy a juzgar y sancionar los perjuicios a la fe pública de años pasados parecen, sin embargo, empeñados en cumplir su objetivo a cualquier costo. En ese empeño, la política anti-corrupción aparece más como venganza que como reparación de la moral pública, más como expresión de fuerza que como efecto del cumplimiento de la ley. La arbitrariedad institucional ha convertido la cruzada ética del buen presidente en una forma de violencia que profundiza la desconfianza ciudadana no solo en el gobierno sino en el régimen democrático.

Screen Shot 2018-10-27 at 3.41.50 PMLa tesis de la retaliación política solo puede ganar eco en tales circunstancias. Ni la evasión fiscal, ni la expropiación de los ahorros ciudadanos por parte de banqueros y aseguradoras, ni el laudo en el caso Chevron, entre otros asuntos de profunda afectación a los intereses generales, han suscitado un nivel de despliegue estatal similar al que el régimen exhibe para impulsar la judicialización de un sector específico de la sociedad. Una justicia de doble estándar gana terreno así en una espiral en que solo los adversarios del poder son fijados como suceptibles de acción legal. La anti-corrupción trasmuta en inédito macartismo que demuele el principio de igualdad ante la ley. Tal esperpento impide a la sociedad conocer, en apego a derecho, quiénes efectivamente han faltado a la fe pública y quienes no.

En este entorno, el desafío fundamental del campo democrático es activar la vigilancia popular de la transición en curso y movilizar sus energías para el restablecimiento del estado constitucional de derechos. No será en nombre de la moral de los notables que cualquier forma absoluta de poder tome forma. Solo la plena sujeción a la leyes de la República hacen posible la libertad.