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Un año ha transcurrido desde que mediante una Consulta Popular (sin dictamen constitucional) el gobierno y sus aliados emprendieron un  vertiginoso atropello institucional bajo la consigna de que este era condición para luchar contra la corrupción. Tal empresa ha implicado nombramientos irregulares de autoridades de control, jueces, fiscales y funcionarios repartidos en todas las funciones del poder estatal, cuyos más altos titulares ni siquiera se subordinan a la Constitución consolidando un régimen de excepcionalidad bajo el cual se activan denuncias y escándalos a discreción guiados casi siempre por las urgencias políticas del Ejecutivo. En efecto, si hiciésemos un seguimiento atento de los momentos más críticos del gobierno nacional (crisis en la frontera norte, anuncio de medidas económicas, vinculación del secretario de presidencia con cobros bancarios indebidos, etc.), veríamos como estos siempre fueron acompañados por la triple trama: denuncias contra el correísmo, anuncio de “diálogos” y creación de comisiones.

La sostenida persecución a funcionarios del anterior gobierno puede ser nombrada como tal pues la mayoría de las denuncias no se acompañan de elementos probatorios que cumplan los estándares mínimos que se exigen para la determinación de responsabilidades administrativas o penales. Estas acusaciones se tramitan mediante procedimientos que atentan contra la garantía de presunción de inocencia y del debido proceso. Son los medios de comunicación quienes emiten sentencias inapelables de culpabilidad.  La Gran Estafa titulaba un periódico nacional respecto a uno de estos tantos casos.

En cambio en su propia vereda, el régimen transitorio  se esmera en encubrir aquellos casos que puedan afectar el curso de acción del bloque de poder con la complicidad del silencio de grupos mediáticos que también forman parte de este. Días atrás el país recibió denuncias sobre una posible vinculación del Presidente Moreno con una empresa offshore. El Ejecutivo dio escuetas, exaltadas y nerviosas declaraciones al respecto después de guardar varios días de silencio y volvió a su viejo guión: en la misma semana anunció la creación de una comisión internacional de combate a la corrupción y el día de su principal alocución el Presidente Moreno otorgó más tiempo a hablar de su antecesor que a refutar la trama en cuestión. Por su parte el Contralor General subrogante, públicamente ha señalado que no investigará el caso, alegando falsamente que no se encuentra en el ámbito de sus atribuciones y manifestando que habría que respetar la honra de los funcionarios públicos (cuando en la mayoría de casos contra el anterior régimen es un elemento que parece poco importarle). Estas declaraciones son una clara muestra de la confabulación del poder y las sórdidas argumentaciones legales a las que nos tienen acostumbrados, destinadas a justificar la persecución a los miembros del gobierno anterior y a encubrir las escandalosas actuaciones de los personeros de la administración actual, sus allegados y familiares.

La declaraciones de Celi violentan la voluntad popular y están reñidas con la Ley Orgánica para la Aplicación de La Consulta Popular de 2017 sobre Paraísos Fiscales, y el reglamento No. 002-CG-2018 emitido por la propia Contraloría, de acuerdo con los cuales esta entidad no solo tiene la atribución, sino que tiene la obligación, una vez conocida la presunta violación de la prohibición dispuesta en la Consulta Popular de:

  1. Iniciar el respectivo examen especial, en cuyo marco podrá requerir de cualquier entidad pública o privada del sector financiero nacional, información con respecto a transferencias, movimientos u operaciones de las personas obligadas a declarar información;
  2. De ser el caso dictaminar la sanción de destitución y remitir su decisión, en el caso de funcionarios de elección popular a la Corte Constitucional para que esta a su vez, de ratificarse la decisión, la remita a la Asamblea Nacional para su aplicación en el caso del Presidente de la República; y,
  3. En el caso de que cumplido este procedimiento la Asamblea se niegue a aplicar la sanción en un plazo de diez días, la máxima autoridad de la Contraloría deberá aplicarla directamente, decisión que podrá ser impugnada en sede judicial, sin ser suspendida su ejecución.

Por otra parte, la presunta utilización de los fondos de la empresa offshore INA, en bienes de uso de Moreno y su familia, así como los vínculos de esta con uno de sus propietarios son indicios que el Contralor subrogante no puede desconocer, pues de confirmarse configurarían, al menos, los elementos de propiedad indirecta del artículo 4 de la ley que dispone que “la referencia a propietario indirecto aplica cuando el sujeto obligado sea quien tenga legal, económicamente o de hecho el poder de controlar la propiedad en cuestión; así como de utilizar, disfrutar, beneficiarse o disponer de la misma”, y que deberían decantar en la destitución de Moreno.

Este escándalo es ya parte de un conjunto de casos en que las autoridades han pasado por alto el mandato popular emanado de la Consulta Popular de Febrero de 2017, que prohíbe expresamente a los funcionarios públicos ser directivos y propietarios directos o indirectos de entidades en paraísos fiscales. El Vicepresidente en funciones, Otto Sonneholzner, constaba desde 2002 como directivo de la empresa offshore Galley Enterprises domiciliada en Panamá, poco antes de ser nombrado segundo mandatario, de acuerdo al Registro Público de Panamá, Sonnenholzner dejó de figurar en la empresa a favor de dos miembros de la firma de abogados Gómez Giraldo y Asociados, expertos en testaferrismo. El ex Secretario de la Presidencia, Eduardo Jurado, quien sigue impune por las acusaciones por cobros indebidos desde su empresa GEA, es un coleccionista de empresas offshore y de nexos con paraísos fiscales.

Estas acciones impunes de Sonnenholzner, Jurado y aparentemente el mismo Presidente Moreno se burlan de la voluntad popular, violan flagrantemente la ley y echan tierra sobre una de las pocas acciones concretas que se tomaron en el mundo a raíz de las revelaciones de los Panamá Papers. Además, parece poco importarle al Contralor subrogante que, por estas omisiones y por el ejercicio indebido de sus actividades de control, él y su equipo son civil y penalmente responsables. Por otro lado, estas impunidades no pueden verse como hechos personales y aislados en una economía ávida por mantener y atraer divisas para cuidar su esquema monetario dependiente del dólar. Además, no olvidemos que en los paraísos fiscales se evade y elude el pago de impuestos en perjuicio del erario público nacional que ya se encuentra en terapia intensiva por efecto de los impactos de la denominada Ley Trole 3 y su regalos tributarios para los más ricos.

Mientras tanto las autoridades de Estado transitorio fingen desconocimiento y la  gran prensa hace mutis como muestra y síntoma de una serie de decisiones que llevan a nuestra economía al barranco para entregársela a los tradicionales poderes económicos locales y los grandes intereses geoeconómicos en desmedro de la profundización de derechos fundamentales para la mayoría de la población como son el acceso a la educación y salud. El acto final de esta trama es la sumisión de la política económica del país al FMI donde la cura ciertamente será peor que la enfermedad deliberadamente provocada. Mientras salvan sus muebles (comprados a través de empresas offshore) los seguiremos viendo en la prensa nacional hablar de proteger la dolarización cuando en realidad la están hiriendo de muerte.

Gran Estafa es usar el discurso de combate a la corrupción como persecución política, ocultando la corrupción del actual gobierno y minando permanentemente el Estado de derecho.