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Foro de los Comunes

La Consulta Popular del 4 de febrero ha sido cobijada con las impolutas consignas de ‘no más corrupción’ y ‘por nuestros niños’. Nadie en su sano juicio podría estar en contra de semejantes postulados. En ese forzado unanimismo, no obstante, se cuelan múltiples dudas en relación a los usos polítiqueros de delicados asuntos morales y, sobre todo, a las eventuales evoluciones del derecho penal ecuatoriano en caso de que las preguntas 1 y 4 sean aprobadas.

En efecto, ambas preguntas están motivadas en lo fundamental por la urgencia de tomar medidas legales punitivas como respuesta a un clamor social fuertemente influenciado por la presión mediática y la crónica roja. Ese imperativo punitivista suele ser contrario a derechos fundamentales y, regularmente, es ineficaz para resolver los problemas que dice querer confrontar. Semejante lógica, promete que el endurecimiento del sistema penal puede acabar con el delito. El humor social de la opinión pública termina, pues, por dar forma a una “justicia de tipo emocional” que ve en el incremento del castigo, aún si arrasa con derechos básicos, la milagrosa solución a complejos problemas estructurales.

Así, mientras la pregunta 1 establece, además de la pérdida de sus bienes, la inhabilitación para que una persona condenada por actos de corrupción pueda participar en la vida política del país, la 4 plantea la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Uno de los contrasentidos de estas dos preguntas está en desconocer la esencia garantista de la Constitución, que Moreno dice defender por medio de la Consulta Popular, limitando incluso garantías procesales fundamentales. El punitivismo devora al garantismo.

En relación a la inhabilitación vitalicia de los derechos de participación, es claro que la pregunta 1 no solo restringe el derecho a ser elegido, sino que también conlleva la suspensión de todos los demás derechos que componen la participación de un ciudadano en la vida pública. Esto implica que la persona sentenciada no tendrá derecho a votar, fiscalizar o siquiera participar de asuntos de interés público. Se monta así la trama perfecta para inhabilitar a cualquier enemigo político, negando su condición misma de ciudadano. Por encima del derecho, la vendetta política.

Se trata de una medida absolutamente contraria a los principios de racionalidad y proporcionalidad en materia penal. Es, por ejemplo, racional negar a una persona sentenciada por delitos contra la administración pública el derecho a ejercer un cargo público -cosa que ya sucede en el país- pero negarle los derechos de participación de por vida, incluyendo el derecho al voto, incluso después de haber cumplido con una pena de privación de la libertad, es un despropósito.

Más allá de lo cuestionable que resulta agravar una pena limitando el ejercicio de los derechos humanos de participación del sentenciado, la pregunta es inoficiosa, pues una condena por infracción penal constituye en sí misma una inhabilidad para postular a un cargo de elección popular y para ostentar un cargo público. Además, el sistema penal actual ya contempla la devolución de todos los bienes fruto del ilícito. La esencia de esta pregunta ya forma parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pregunta ociosa por todas partes.

De otra parte, en torno a la pregunta 4, la imprescriptibilidad de un delito es una figura que a nivel internacional se reserva únicamente para delitos de lesa humanidad. Su aplicación a otro tipo de ilícitos, como los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, debe ser analizada cuidadosamente. El endurecimiento de penas y peor aún, el desconocimiento de principios procesales básicos, no ha tenido mayor incidencia en la disminución de delitos en ningún lugar del mundo, por el contrario, solo afecta a la seguridad jurídica, crea incertidumbre y desconfianza en las instancias judiciales.

La violencia sexual es el resultado de una matriz cognitiva marcada por la deshumanización de nuestros semejantes, sobre todo de aquellos imposibilitados de ejercer una defensa propia. ¿La imprescriptibilidad de tal delito ayudará a transformar dicha matriz? Parece poco posible. No cabe sacrificar los principios procesales fundamentales del derecho en favor de una medida muy probablemente ineficaz por ‘popular’ que pueda parecer. No podemos caer en la trampa moral del conservadurismo que dice “proteger la familia” cuando es justamente en ese espacio donde se cometen la mayoría de actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La izquierda morenista oculta vergonzosamente este asunto en nombre de un pragmatismo electoral digno de mejor causa.

Ambas preguntas apelan, en suma, a un uso estratégico de cierta moral colectiva que dispara la emocionalidad de la ciudadanía como su principal factor de convencimiento. En lugar de abrir un análisis serio de cómo se generan estos problemas y qué respuesta podemos plantear como país para evitarlos, la Consulta de Moreno propaga en la sociedad un ingenuo facilismo que toma al derecho penal como arma política y al punitivismo como falsa solución de delicados asuntos. A falta de debate profundo, como ya es usual con Moreno, se ofrecen placebos y demagogia a tono con la crónica roja de la gran prensa.