Durante el primer año del gobierno de Moreno hemos asistido a un giro perverso de la política económica ecuatoriana. En los primeros meses de gestión, ésta se caracterizó por la lentitud en la toma de decisiones y la falta de una propuesta clara sobre el manejo de la economía y el modelo de desarrollo hacia donde se quería conducir al país.

Sin embargo, con el nombramiento del nuevo ministro de Finanzas, cuya base de respaldo político son los grandes empresarios, el viraje hacia un programa de corte neoliberal terminó por decantarse. La Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, Estabilidad y Equilibrio Fiscal, enviada por el Presidente a la Asamblea Nacional con carácter económico urgente, condensa nítidamente este giro.

Esta Ley reduce, por distintas vías, los ingresos que percibe el Estado, atentando indirectamente contra derechos constitucionales (gratuidad en servicios públicos) y agudizando desigualdades al transferir los recursos de toda la ciudadanía hacia los grandes grupos económicos. ¿De qué manera? Uno de los objetivos de la Ley es perdonar deudas y reducir impuestos a los grupos económicos más poderosos. Con ello, nos dicen, vendrán las inversiones y se generará empleo. Sin embargo, está comprobado que las grandes inversiones no llegan por reducción de impuestos. Veamos algunos ejemplos:

Los países con mayor inversión extranjera en el mundo son: Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido. En estos países europeos, el porcentaje de impuestos en relación al Producto Interno Bruto (presión fiscal) está entre el 34% (Reino Unido) y el 47% (Francia). Estados Unidos registra un 26%. Todos estos países cobran más impuestos que el Ecuador, donde el porcentaje de impuestos en relación al PIB es del 20%. En tal sentido, se evidencian las inconsistencias de la vieja narrativa sobre una supuesta relación directa entre atracción de inversión extranjera con menores impuestos. Al contrario, existen múltiples determinantes para la atracción de inversión como talento humano, productividad, tamaño del mercado, entre otras, mismas que no están siendo priorizadas en el proyecto de Ley.

Ecuador es un país dolarizado por lo que perdió la posibilidad de contar con política monetaria. Uno de los mecanismos del Estado para enfrentar choques internos y externos son los bonos (CETES), los cuales han sido utilizados para conseguir financiamiento a corto plazo, el mismo que hasta el momento era especialmente comprado por el Banco Central del Ecuador. Esto permitía adquirir liquidez de manera inmediata, por ejemplo, para financiar la obra pública, pagar puntualmente a maestros, servidores de la salud y policías, hacer las transferencias que por ley les corresponde a los gobiernos parroquiales, municipales y provinciales, etc.

El veto presidencial a la Ley reconoce los CETES como mecanismos de financiamiento de corto plazo, sin embargo, los coarta desde una visión caduca de lo que debería hacer un banco central, prohibiéndole su compra. Se abre así la puerta de financiamiento a bancos nacionales e internacionales, dejándolos como los grandes beneficiarios de tasas de interés extremadamente altas a costa de dinero de los ecuatorianos.

El discurso bajo el cual se cobijaran para justificar medidas de austeridad parece dócil –“ordenar las cuentas, manejó responsable y mejoramiento de la economía” – sin embargo, implica borrar de un plumazo todo lo hecho, sin distinguir los múltiples (des)aciertos de la anterior gestión. Aquella narrativa se va desvaneciendo a medida que el desempleo y subempleo se incrementan, la deflación de los productos nacionales va en picada y las expectativas de crecimiento se reducen. Estos efectos no son meramente teóricos, sino vivenciales. Empieza así un nuevo ciclo de resistencia frente al capital.

El tan promocionado “ajuste de déficit primario cero” implica que no pueden existir más gastos que ingresos. No obstante, en la macroeconomía en muchas ocasiones endeudarse es un recurso válido, ya que el dejar de gastar representa dejar sin trabajo a mucha gente. Un ajuste draconiano es un suicidio colectivo que sufrirán no solo los empleados públicos que en diciembre serán notificados, sino el resto de ciudadanos como los pequeños proveedores de insumos al Estado, las grandes cadenas de supermercados, los pequeños comerciantes y demás actores económicos conectados al sistema de consumo. En ese sentido, el ajuste fiscal es ajuste para el pueblo, mientras a las élites económicas se les perdona deudas y se les baja impuestos. Retorna la lógica de todo para el capital, nada para el ser humano.

Los trabajadores privados serán perjudicados por la flexibilización laboral en favor de los empresarios, en el cobro de utilidades y cualquier otro litigio por pagos indebidos. Además, las medidas de austeridad implican que en el mediano plazo la sociedad en su conjunto y, en especial, los sectores más vulnerables sufrirán con la eliminación de subsidios y gasto social.

La ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad y equilibrio fiscal es todo menos lo que versa su título. No existe fomento productivo, no existe atracción de inversión, no existe generación de empleo, y no existe estabilidad ni equilibrio fiscal. Es una ley plagada de acciones concretas de extracción de recursos de la ciudadanía en favor de los grupos económicos de poder, de violación de los derechos de los trabajadores y del regreso a un neoliberalismo rancio. Es el retorno al chantaje de las multilaterales, de los bancos nacionales y de viejas prácticas con nuevos rostros en lo económico.

En definitiva, con la aprobación de esta ley se marca el inicio de un nuevo periodo de neoliberalismo y explotación, bajo la batuta de una oligarquía sedienta de retomar las plusvalías totales.