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Foro de los Comunes

Las preguntas 5 y 7 de la consulta popular versan, respectivamente, sobre el tema de la prohibición de la explotación minera en algunas zonas [1] y sobre la reducción del área de explotación del ITT [2]. Ambas cuestiones dirigen su atención al problema del extractivismo y sus consecuencias socio-ambientales luego de un ciclo de incremento de los conflictos entre diversas organizaciones sociales, pueblos indígenas y el gobierno de Rafael Correa por la ampliación de la frontera extractiva y el fin de la Iniciativa Yasuní-ITT. Aunque someter tales asuntos a debate y a voto ciudadano parece una razonable vía para ampliar la conciencia pública sobre un problema crucial de la vida social contemporánea, ambas preguntas tienen más bien un trasfondo demagógico y pocos avances sustantivos.

En efecto, por un lado, la prohibición de la explotación minera en áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles ya está contemplada en el artículo 407 de la Constitución. Lo novedoso viene de la prohibición de toda explotación en los centros poblados, aprovechando la coyuntura del cantón Zaruma y su hundimiento parcial. En cualquier caso, no parece probable que dicha prohibición resuelva los múltiples conflictos ambientales generados por las nuevas concesiones mineras en comunidades indígenas de la Amazonía (por ejemplo, en Zamora Chinchipe el proyecto Fruta del Norte) o en territorios con fuentes de agua en la Sierra (p.e. en Azuay el proyecto Río Blanco).

La pregunta 7, por su parte, trata dos temas: la reducción del área de explotación del ITT y la ampliación de la zona intangible. Lo primero que debe decirse es que no era necesaria convocar una Consulta para procesar estos temas. Si el gobierno quería dejar manifiesta su voluntad política de encarar de modo más virtuoso la problemática ambiental, podía encararlo a través de decretos ejecutivos. Por lo demás, los tratados internacionales obligan al Estado ecuatoriano a proteger la vida y la territorialidad de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Si se necesita ampliar la zona intangible para protegerlos, el Estado tiene que hacerlo. Llama la atención, por ello, que algunas organizaciones que han criticado la política correísta hacia estas poblaciones no hayan cuestionado el simulacro ambientalista de la pregunta.

El otro aspecto que levanta sospechas es que la pregunta 7 es la única que no tiene anexos. Organizaciones como Yasunidos han llamado la atención al respecto debido a las imprecisiones en la delimitación de la zona intangible. Presentaron un amicus curiae a la Corte Constitucional pero la decisión política de evitar el pronunciamiento de la misma dejó el asunto sin abordar. En lo posterior, los cuestionamientos al gobierno parecieron menguar.

El modo de procesamiento de dicha pregunta retrata a cabalidad la falacia de invocar el consenso pleno como efecto del diálogo. En los debates políticos el conflicto no puede ser evitado. Un proceso de diálogo, para tener éxito, debe hacerse con objetivos precisos y su resultado no puede ser la suma de reivindicaciones a veces antagónicas. Por un lado, antes de la convocatoria de Moreno, organizaciones como Yasunidos pedían una consulta para la no-explotación del ITT pero, por otro lado, la explotación ya estaba avanzada. Al mismo tiempo que Moreno anunciaba esta pregunta, el lobby petrolero, representado en el gobierno por el Ministro de Hidrocarburos Carlos Pérez, anunciaba que “Petroamazonas tiene previsto trabajar en 236 ha para la explotación del ITT. Hace algunos días, a la vez, se anunció el inicio de la explotación del campo Tambococha con el consiguiente incremento de las metas de extracción del crudo. La cuestión es clara: además de no cambiar nada en los planes de explotación del ITT, de algún modo esta pregunta legitima dicha explotación, en contra de las reivindicaciones de las organizaciones ambientalistas, pueblos indígenas y del tan mentado espíritu de Montecristi.

Las preguntas 5 y 7, en suma, no afectan el modelo de acumulación basado en el extractivismo: los proyectos petroleros en ejecución (en este caso la explotación del ITT) seguirán su curso. Igual cosa sucederá con los proyectos mineros más conflictivos. Por lo tanto, en vez de fortalecer los derechos de la naturaleza y el buen vivir, legitimarían incluso lo planificado por el gobierno anterior en estos sectores. El carácter demagógico de la consulta en este aspecto pone en evidencia que el objetivo del diálogo del nuevo gobierno siempre ha sido apaciguar las tensiones sociopolíticas pero no retomar el camino hacia una sociedad basada en el buen vivir como establece la Constitución.

[1] ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos?

[2] ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?