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Foro de los Comunes

Las ‘banderas negras’ han regresado. Ese fue el símbolo que utilizó la alta clase propietaria cuando se movilizó contra las Leyes de Herencia y Plusvalía en 2015. La “marcha de los BMW” desplegó allí su rechazo a toda política de redistribución de la riqueza social. Luego, en abril de 2017, intentaron imponer la tesis de un fraude electoral y desconocer el triunfo del candidato de Alianza PAIS que portaba, precisamente, un programa político que ha exigido al capital un compromiso con el desarrollo social. Ese fue el programa al que las grandes mayorías dieron su respaldo.

Sin reparar en dicho pronunciamiento, no obstante, el nuevo presidente acoge en la Consulta Popular una de las principales demandas anti-redistributivas de los poderosos: la eliminación de la “Ley de Plusvalía”. Deshechar tal normativa contribuye a despojar a la sociedad de uno de los mecanismos que le permiten participar del acumulado que ha producido con su trabajo. Privatizar las ganancias y socializar las pérdidas siempre ha sido la visión del orden social de las élites.

Durante el Diálogo Nacional las ‘banderas negras’ posicionaron la idea de que la ley afectó al sector de la construcción. Sin embargo, ni ellos ni el equipo económico de Moreno ha conseguido demostrarlo. Evidentemente hubo un ciclo de estancamiento del sector en el marco de la desaceleración económica de 2015 y 2016. La Ley poco o nada ha tenido que ver con ello. Afirmar lo contrario es una muestra de la ideología anti-estatista de quien lo sostiene y no responde a los procesos reales en el sector.

Por lo demás, la Ley estipula que la carga impositiva regirá desde la segunda venta del inmueble. En su intención de regular la especulación, entonces, la Ley en estricto rigor no afectaría a la construcción de nuevos inmuebles. Al contrario, fomenta la misma y evita el aumento injustificado de precios. La derogatoria de la Ley implica, a la vez, un golpe a la capacidad recaudatoria de los Gobiernos Municipales puesto que en ella se les confiere potestad para cobrar esos tributos y fortalecer así su financiamiento.

Ya que no puede negar la necesidad de generar políticas distributivas, Moreno ha ofrecido que, una vez derogada la Ley, enviará un nuevo proyecto de Ley mejorado. ¿Mejorado para los intereses de quién? Ahí la cuestión. La inclinación presidencial a complacer las demandas de las élites económicas y de los grandes grupos de poder impide confiar en que la nueva normativa vaya a tomar en serio el control de las lógicas especulativas que abundan en el mercado inmobiliario. Esperamos estar equivocados. En esa decisión, entre otras, podrá verse si el gobierno aún está comprometido con el sostenimiento de un estado post-neoliberal o prefiere seguir abriendo la mano a los mercados. Por lo pronto cabe enfatizar en que la eliminación de la Ley de Plusvalía implica desprenderse de un mecanismo fundamental en la lucha contra la acumulación de la riqueza social en pocas manos, es decir, contra la desigualdad.

Votar NO en esta pregunta apunta a respaldar el papel regulador del Estado contra la actividad especulativa, ociosa y rentista, así como cuestionar el rol excluyente y los efectos de segregación de los mercados inmobiliarios. Votar NO en la sexta pregunta es apoyar el rol activo que deben jugar los GAD en relación con el uso del suelo, consolidando su autonomía y fortaleciendo la equidad en el territorio. Votar NO en la pregunta 6 es, pues, un acto de coherencia entre lo que se dice defender y lo que se hace. Cuando el pueblo y la banca votan a favor de privar a la sociedad de la rentabilidad que ella misma ha producido, uno de los dos se equivoca. Con toda seguridad no es el banquero.

Las banderas negras vuelven para quedarse. Para que prime la justicia social sobre la especulación el 4 de febrero NO hay otra vía, por ahora, que la defensa de lo conquistado.