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Foro de los Comunes

En abril 2017 Lenín Moreno fue electo como Presidente tras una reñida contienda electoral. La propuesta ganadora propugnaba la primacía del ser humano sobre el capital, la necesidad de gobernar la esfera del mercado y fortalecer la soberanía nacional y lo público. Mientras, la propuesta del banquero Lasso defendía viejas tesis neoliberales: desregulación económica, privatizaciones, debilitamiento de políticas redistributivas, alineamiento exterior con las grandes potencias.

La nueva victoria de la Revolución Ciudadana puso un alto a la promocionada tesis del fin del ciclo progresista en América del Sur. Paradójicamente, pese al claro pronunciamiento ciudadano, los primeros meses del gobierno de Moreno marcan un punto de inflexión para la izquierda y el campo popular ecuatoriano y han contribuido al fortalecimiento de la agenda política que perdió las elecciones y de muchos de sus voceros.

¿Cómo pudo darse semejante giro en tan corto tiempo? El entorno presidencial diseñó su estrategia con base en un análisis derrotista sobre la coyuntura electoral. Se adoptó la tesis impulsada por la derecha y los grandes medios que presentaba al nuevo gobierno como frágil, y hasta ilegítimo, por haber ganado las elecciones con un margen estrecho. Así, con la denuncia nunca probada de un fraude, Lasso calentó las calles y arengó a los poderes fácticos hasta lograr su objetivo de debilitar al futuro gobierno aún antes de su entrada en función.

Las elecciones no zanjan los procesos políticos. Una atenta lectura al último ciclo del gobierno de Alianza País (AP) y al indisimulable avance de la derecha, habría permitido al gobierno de Moreno advertir la necesidad de reconectarse con el campo popular y conducir el nuevo momento político de la mano de las organizaciones sociales y políticas de izquierda, aquellas que se movilizaron en campaña en rechazo a la agenda del poder bancario. Sin embargo, ante la auto-infringida necesidad de “relegitimarse”, el equipo presidencial optó por el camino más corto y peligroso: adoptar la agenda de las élites, presentada como la opción de apaciguar al país y abrir paso al poder del mercado. Así, con sabor a hipoteca y erosionando la voluntad popular expresada en las urnas, se convocó sin apego a derecho a una Consulta Popular en que el Presidente parece posar en los afiches de campaña con quienes aún ponen en duda su triunfo.

El resultado ha sido la ventriloquia. Moreno habla desde la voz de la oposición a la agenda pública de la última década. No tiene narrativa propia y, bajo dudosas banderas reformistas, consuma como su objetivo programático fundamental pulverizar el legado de su antecesor. Así, el principal problema del país tiene el nombre de la Revolución Ciudadana, la causante de la polarización y el conflicto social, del excesivo “estatismo”, del alejamiento de las inversiones privadas, de la imparable corrupción, del endeudamiento público, de un modelo de desarrollo social y nacional, y un largo etcétera. Dicho discurso es calco y copia del que posicionó la oposición a los gobiernos progresistas en el Ecuador y el conjunto de la región.

La Consulta Popular de febrero es una tercera vuelta electoral en la que detrás de algunas preguntas ociosas, se esconden otras que intentan legitimar el giro programático del gobierno y su alejamiento de los sectores progresistas y populares que sostuvieron a lo largo de una década el anclaje social de la Revolución Ciudadana. Moreno busca empoderarse en las urnas, generar una votación “propia” y colocarse así por encima del movimiento político por el que fue electo. Dicho reposicionamiento legitimaría el nuevo bloque político –consagrado muchas veces por medio de pactos tras bastidores- del que ya parecen formar parte la banca y los grandes medios de comunicación. No en vano éstos últimos consideran que el inminente proceso electoral dará a Moreno, por fin, “un mandato popular limpio”.

Si los “pactos de élite” parecen dotar de fuerza política al gobierno, su fragilidad proviene de su deficiente gestión pública y, sobre todo, del carácter gelatinoso de su eventual electorado. La actual “base ampliada” del apoyo a Moreno –y quizás su voto más duro- está constituida principalmente por quienes votaron por la derecha en las elecciones presidenciales de 2017. Semejante apoyo luce tan resbaladizo que, una vez que concluya el proceso de la Consulta, se convertirá en mecanismo de chantaje. La presión es cada vez más fuerte para consolidar la hegemonía de los grupos de poder que empiezan a apretar a Moreno por una gestión radicalmente distinta de la política económica. Ése siempre fue su principal cometido. Ni la impostergable lucha contra la corrupción, ni el fin de la polarización política, les interesa sobretodo el fin de la regulación estatal de la economía y la liberación de los mercados.

La estrategia de ampliar la base de apoyo “morenista” por derechas y por arriba está consumando su propia debilidad, pues el apoyo original que tenía -y podía sostenerlo en el tiempo- se licúa de modo progresivo, más aún si insiste en priorizar una política afín a las necesidades del mercado. Poco a poco quedará el apoyo “prestado” de la derecha condicionado siempre a la continuidad de la ventriloquia. Moreno ya no tendrá espacio político para construir su propio discurso, en corto tiempo se habrá convertido en ejecutor del programa de las elites. No admitirán ya más “pasos en falso” como la persistencia de cuadros izquierdistas en altas funciones, el sostenimiento de una agenda autónoma de política exterior (ver la histeria de la derecha en relación a la nacionalización de Assange), la procura de un modelo de desarrollo con énfasis en la justicia social y la redistribución de la riqueza o la protección de la fuerza de trabajo y el bloqueo a procesos de flexibilización laboral. Todo ello será cosa del pasado. Evitar que este proceso se consolide es lo que está en juego en la consulta popular del 4 de febrero.

Urge entonces convocar al voto reflexivo, movilizar las energías populares, luchar por activar la memoria, recuperar el sentido crítico y autocrítico para plantear horizontes a mediano y largo plazo en favor de las grandes mayorías. No se trata de sostener a caudillo alguno. Tal como lo conocimos, el ciclo correísta se agotó. Estamos en otro momento. La defensa de los intereses populares es una tarea colectiva de largo aliento que hoy requiere mucha atención respecto a los ganadores y perdedores de la Consulta Popular. A la hora de emitir nuestro voto el 4 de febrero debemos tener en mente entonces la pregunta fundamental de cualquier coyuntura crítica: ¿cómo se moverán las relaciones de fuerza? ¿quiénes habrán de acumular poder en caso de victoria? La euforia de la derecha, de los grandes poderes económicos, de la banca, de las corporaciones mediáticas con la Consulta no se presta a ninguna confusión. Ellos se ven ya como los propietarios del triunfo de la consulta ventrílocua.

 

Fotografía: Matthew Rolston (https://www.pinterest.com/pin/547820742155679465/)