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Foro de los Comunes

La pregunta de la Consulta Popular que refleja en mayor medida las contradicciones del régimen de Moreno y la más peligrosa en términos de construcción de democracia y preservación del Estado de Derecho es, sin duda, la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este organismo, entre otras funciones fijadas en Montecristi, organiza el proceso de selección de quienes encabezan los organismos de control y otras instituciones públicas. La Constitución de 2008 buscó, con tal innovación, despartidizar los organismos de control y abrir espacio a la participación social en la designación de sus autoridades.

En medio de los vigentes escándalos de corrupción, todo el peso del (escaso) debate político sobre los mecanismos e instituciones idóneos para mejorar los procesos de control de la corrupción ha recaído sobre el carácter y la conformación del CPCCS. En la Consulta propuesta por Moreno se atisba una hipótesis sobre dicho asunto: los procesos de control de los electos fracasaron pues han estado maniatados por la adhesión de los consejeros al poder ejecutivo. Se impugna además la legitimidad del proceso de selección de los propios consejeros, designados sin estricto apego a las reglas del juego. No se cuestiona pues, directamente, el diseño institucional del Consejo sino la dependencia de los consejeros al expresidente. No en vano, en la cruzada des-correizadora, la pregunta 3 aparece como la “madre de todas las batallas” de la próxima Consulta. La alternativa dibujada por Moreno para dicha “des-correización” luce, sin embargo, peligrosa. Algunas contradicciones merecen especial atención:

  • La ironía de destituir a los actuales consejeros en nombre de su cercanía al expresidente y, en el mismo acto, conformar un órgano transitorio cuyo ente directivo será designado directamente por el nuevo presidente. La correctísima tesis de autonomizar al Consejo de los pasillos de Carondelet cae en saco roto. La “morenización” -léase en el sentido de la amplia y poderosa constelación de poder que lo rodea- del CPCCS es inminente. El propio Moreno ante la consulta sobre cómo se designará al Consejo de transición ha dicho: “Tengamos fe”.
  • El montaje de un poderoso Consejo de Transición en capacidad de evaluar y destituir –usurpando funciones al legislativo- a los electos por el vigente CPCCS se coloca como una extorsión directa sobre las instituciones públicas. De algún modo, el “poder de la amenaza de destitución” ya empezó a operar, precisamente, cuando órganos como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Corte Constitucional (CC) dieron paso a la Consulta con escaso apego al Estado constitucional de derechos y justicia.
  • La atribución de evaluar y terminar de forma anticipada los periodos para los que fueron elegidas todas las autoridades de control genera, entonces, una enorme concentración de poder. Se reproduce y se potencia así aquello que se dice querer combatir. Cabe tener en cuenta, además, que dentro de las autoridades designadas por el actual CPCCS están también los vocales del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Electoral. Siendo el periodo de actividades del Consejo transitorio hasta las elecciones de autoridades seccionales del 2019, los delegados del Presidente, encargados del Consejo, tendrán la potestad de terminar anticipadamente los periodos de designación de las autoridades electorales en vísperas de un proceso electoral en que también se designarán sus reemplazos. Esto afecta la independencia de la función electoral y podría vulnerar el proceso electoral de 2019.
  • La Función de Transparencia y Control Social fue creada en la Constitución de Montecristi para abrir un espacio estatal para la participación de la ciudadanía, con la intención de fortalecer el poder popular. Más allá de que aquello no se consolidó, la reforma al CPCCS planteada por Moreno cierra este espacio pues los nuevos Consejeros serán elegidos por voto popular. La idea recogida en Montecristi de que los Consejeros sean seleccionados obedecía a poder reconocer la experiencia de la ciudadanía en procesos de organización y participación social. Con la reforma, grandes grupos de poder, influyentes fundaciones y ONG, medios de comunicación buscarán candidatos que puedan competir dentro del marketing político que impera en los procesos de elección popular. No se contará entonces con líderes sociales o activistas populares de larga data, sino con “notables”, “figuras mediáticas” o personas en capacidad de ganar elecciones, vinculadas al sistema político y no al movimiento popular.
  • Contrario a la despartidización de las instituciones de control planteada en Montecristi, se monta un Consejo de transición que va a depender de las negociaciones y el reparto partidario en la Asamblea. Se sacrifica al control como labor técnica y se lo convierte en negociación partidista. Los “notables” designados a dedo tomarán la posición que debía ostentar la ciudadania.

Por último, la gran paradoja reside en el lugar de la sociedad en todo ese proceso “reformista”. Si un signo tuvo el último período correísta fue el cierre de la participación popular más allá del voto. Moreno reitera el guión de convocar a la sociedad a las urnas sin otorgarle un espacio específico en la deliberación de las transformaciones requeridas por una institución que lleva el nombre de la ciudadanía en su acta constitutiva.