Autores: Política Con Manzanas

La “austeridad” ha alcanzado a la universidad pública. Aunque el recorte neoliberal de Moreno golpeó a varios sectores (educación, cultura, sector agrario, etc.), los únicos actores sociales que ocuparon las calles fueron las y los estudiantes. Con el temor de aupar la movilización, el gobierno reaccionó convocando a un “diálogo”, no con representantes de las y los movilizados, sino con los rectores de las universidades públicas, quienes mendigaron las asignaciones correspondientes -53 millones que solo se recuperaron en las universidades más grandes, ahondando las brechas de financiamiento entre las instituciones de educación superior del país-. Este diálogo excluyente tenía como objetivo la desmovilización estudiantil: práctica común en el ejercicio político de Moreno, títere de un proyecto de austeridad impuesto por “los de buena cuna”.

No obstante, el financiamiento de la educación superior es solamente un síntoma de un problema más grande: la visión política que se tiene de la universidad y su lugar en la sociedad. El debate que queremos plantear en este texto, rebasando la coyuntura, es la necesidad de (re)politizar la cuestión de la educación superior. Contrario a la visión común de los rectores de las principales universidades del país, nosotros afirmamos que el problema de la universidad no es “la política” sino el tipo de política que se practica y los principios en los que se basa. El presente texto discute tres ideas para la politización de la universidad, condición fundamental para una sociedad democrática y justa.

Universidad más allá del mercado: la educación superior es un bien común que debe producir conocimientos en función de las necesidades de la sociedad.

La definición de si algo es un bien común es el resultado de una voluntad derivada de una construcción social y política a partir de prácticas colectivas. Un bien común (o bien colectivo) se diferencia de un bien mercantil en el sentido de que cada uno accede libremente a este bien y que no suscita rivalidad; la cantidad disponible no está reducida por el número de usuarios. Por ejemplo, compartir un conocimiento a un grupo reducido de personas o a todo el mundo no reduce la cantidad de este conocimiento. Mientras más circule el conocimiento, su calidad mejorará. Por esto, es un sinsentido que un bien como la educación sea apropiado por un grupo reducido.

El rol de un centro académico es producir conocimiento, situación que implica no solo enseñar sino también investigar para que surjan nuevos conocimientos. Docencia e investigación se alimentan la una de la otra. La calidad de la docencia está ligada a su capacidad de renovarse, actualizarse y cuestionarse. El objetivo final de la producción de conocimiento es la emancipación individual y colectiva. En este sentido, el conocimiento no puede ser atrapado por los intereses empresariales, gremiales o de mediocridad intelectual.

Finalmente, afirmar que la educación superior es un bien común implica que las universidades deben trabajar en función de las necesidades de la sociedad. Tanto su oferta académica como sus investigaciones no deben responder solamente a las demandas del mercado. El trabajo de los docentes-investigadores también debe ser autónomo en relación a los gobiernos de turno. Para garantizar esta autonomía, es necesario el financiamiento del Estado, como garante del interés general, para escapar a las presiones del mercado y grupos particulares.

Universidad para todas y todos: politizar a la educación superior supone abrirla a toda la sociedad e integrar a los sectores populares.

Si la educación superior es un bien común y un recurso para la emancipación individual y colectiva, es claro que su gestión no es un problema técnico sino político. Despolitizar a la universidad es un contra-sentido cuyo resultado es su entrega a los mecanismos de mercado. Al contrario, politizar la universidad implica luchar por su democratización y así evitar que sea controlada por unos pocos grupos de intereses de cualquier naturaleza (político-partidario, económico, gremial).

Antes de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) en 2010, se utilizaba el paraguas de la autonomía para posibilitar un manejo totalmente discrecional de fondos, oferta académica, líneas de investigación, contratación discrecional de docentes, etc., por parte de grupos corporativos y autoridades que se quedaban en su cargo durante años. La idea de gobierno del sistema universitario estaba reducida al cantar de sus autoridades. La participación más relevante (casi única) que tenía el Estado en los centros era la marginal asignación de recursos. Las consecuencias eran un sistemático estancamiento de la calidad de la educación superior y un desprestigio de la universidad como institución.

Con la LOES de 2010, el Estado pasa a ser un actor más de este sistema: a través de una nueva estructura de rectoría para las universidades, interviniendo de manera más directa en la orientación, desarrollo institucional e inversión del sistema. Esto supuso un conjunto de acciones que incluyeron la clausura de 14 “centros de estudios” (no se pueden llamar universidades) de garaje que lo único que buscaban era el lucro. A eso, se debe añadir la gratuidad del pregrado, condición sine qua non para una democratización en el acceso a la universidad y la búsqueda de articulación entre la educación superior y el desarrollo de un sistema de ciencia y tecnología más autónomo cuyo rol sería garantizar derechos y solucionar problemas de importancia social.

Más allá de los ideales de buen funcionamiento de un sistema universitario, la base de la democratización de la educación superior reside en la reducción de barreras económicas de su acceso. Es ahí donde la gratuidad de la educación superior resulta fundamental. Su cuestionamiento, que solo demuestra una voluntad de bloquear el ascenso social de las clases populares, debería ser rechazado por toda la sociedad. Pero no es el único parámetro de garantía para la permanencia y finalización de una carrera universitaria. Hay sectores sociales cuya exclusión histórica hace que la gratuidad no alcance como mecanismo de equiparación de oportunidades, por lo que el Estado debe velar por el acompañamiento a los estudiantes que provienen de estos sectores con políticas complementarias de becas.

Universidad plural: politizar a la educación superior es disputar su democratización interna.

La LOES del año 2000 no garantizaba la existencia de co-gobierno en todas las universidades lo que, en términos reales, impedía la participación en la toma de decisión del conjunto de los actores que hacen la universidad: docentes, estudiantes y trabajadores en general. Las universidades no eran plenamente democráticas en su seno. De ahí que los acuerdos de autorregulación suponían más bien un pacto explícito de autogobierno entre las autoridades de las universidades públicas y privadas que un proyecto de universidad ecuatoriana pensado desde la comunidad universitaria.

La LOES de 2010 permitía una cierta democratización interna de las universidades públicas con la creación del co-gobierno. Sin embargo, en mayo de 2018, luego de un profundo lobby y acción corporativa concertada, los rectores de las instituciones universitarias lograron reformar a la LOES y “recuperaron” autonomía en relación al Estado, abriendo la ventana para que las universidades privadas manejen a discreción sus autoridades (consejo de regentes), limitando las competencias del ente regulador de la calidad (transformación de CEAACES a CACES), restringiendo el rango de acción de cartera de Estado (SENESCYT) encargada de dictar política pública y allanando las posibilidades para, otra vez, generar un consenso entre autoridades de espaldas al conjunto de la comunidad universitaria.

Cabe insistir: una suma de acuerdos no constituyen un proyecto de interés general. Es por eso que los principios políticos que subyacen a estas reformas buscan la preservación de privilegios, cuotas de poder o incluso representan el miedo a perder una periférica influencia. ¿Acaso la democratización de sus órganos internos, la articulación estratégica de actores o la disputa por la orientación de un paradigma de desarrollo nacional no son tareas que le corresponde asumir a la universidad ecuatoriana de una vez por todas?

Politizar a la universidad y sus diferentes actores: ideas finales

Las autoridades de las instituciones universitarias del país siempre han sido actores políticos relevantes. El problema que subyace es que las universidades, a pesar de tener como objetivo ideal el producir conocimiento y problematizar lo existente, no han asumido la incómoda tarea de mirarse internamente. Por años han constituido más un reflejo del vaciamiento político resultante del arraigamiento neoliberal en la sociedad que un motor de cuestionamiento del mismo.

La universidad debe ser disputada políticamente. El centro de la disputa, como todo bien común, es la articulación democrática. Tanto con la sociedad, como en el seno de cada institución, así como a la interna del sistema. Las universidades no pueden claudicar en su tarea reivindicativa de la política como un aspecto necesario. Si la universidad no es disputada políticamente por quienes la constituyen –estudiantes, trabajadores, docentes, investigadores y autoridades– en función de la construcción de una sociedad democrática, amplia y plural, entonces el tenue lugar que ocupa al día de hoy el sistema de educación superior en la sociedad se extenderá durante largo tiempo.

Es en ese contexto que las autoridades universitarias han demostrado su incapacidad para lograr estos cambios. Por su parte, es llamativo que no se vislumbre una acción colectiva desde los docentes, a quienes, si la tendencia se mantiene, alcanzará el recorte presupuestario. Es así que, una vez más, las esperanzas residen en las organizaciones estudiantiles, a quienes el momento histórico las espera a la altura.