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Por medio de un tuit y haciendo corto circuito a la posibilidad de que la ciudadanía conozca el pronunciamiento de la Corte Constitucional, el presidente Moreno ha convocado a una nueva Consulta Popular. No parece aquel el procedimiento acorde con un gobierno que se proclama como promotor del diálogo político y respetuoso de las instituciones. Nada más lejos del debate razonado que una salida decisionista como ésta, propia de un presidencialismo reforzado que Moreno y sus nuevos aliados dicen combatir en su cruzada anti-correísta.

La #ConsultaVaporqueVa dijeron y lo han cumplido. #VaporqueVa: por la razón o por la fuerza, por la vía legal o más allá de los procedimientos, respetando las instituciones o bloqueando su lugar en el debate democrático, con legitimidad o sin ella. La razón del poder ha terminado por imponerse. Reina, nuevamente, la fuerza de la (criolla) astucia de los que mandan. No otro signo tiene el modo en que parece resolverse la vigente coyuntura: apelando a un resquicio legal, una formalidad, y soterrando la deliberación pública constitucional –que es de jueces y ciudadanos- sobre los contenidos sustantivos de una Consulta que toca asuntos fundamentales para el futuro de nuestra democracia.

La forma es fondo dirán. Y no les falta razón. Por eso es repudiable la forma escogida para imponer a la ciudadanía una consulta que si ya carecía de mínimos niveles de discusión en los grandes medios –el unanimismo del consorcio público & privado es la regla-, ahora ha sido despojada de su lugar en el debate de las instituciones propias de un Estado constitucional de derechos. El gobierno del diálogo ha cancelado las válvulas con que cuenta la sociedad para participar, entender e implicarse de modo razonado en decisiones políticas trascendentales para el país. Recostada en un artilugio legal, la Consulta llega envuelta en varias dudas sobre el carácter democrático y constitucional de unas preguntas decididas sigilosamente por el círculo presidencial (que jamás dio cuenta de cómo no procesaron las propuestas de preguntas enviadas por políticos, ciudadanos y colectivos). Debió ser una Consulta con la más alta validez democrática y termina catapultada por un vericueto legal y maniobras de acoso palaciego sobre el resto de poderes del Estado.

En efecto, el dictamen de constitucionalidad es un requisito de fondo para que el Consejo Nacional Electoral realice la convocatoria a cualquier consulta popular (artículo 104 de la Constitución).  El ejecutivo ha obviado el examen de constitucionalidad de la Corte, alegando el vencimiento del término de 20 días que establece el artículo 105 de Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC). Pero el control previo de constitucionalidad no inicia con con la presentación de la solicitud ante el CNE sino con el análisis del tema en el Pleno de la Corte Constitucional (el artículo en mención establece: “…dentro del término de veinte días siguientes a haber iniciado el respectivo control previo”). La Corte Constitucional es un órgano colegiado y actúa de forma orgánica únicamente mediante su Pleno.  Antes de ese momento no existe proceso de control previo sino análisis del asunto por parte del juez ponente. Éste no realiza el control previo, esa es potestad, únicamente, del Pleno de la Corte.

Así, el dictamen de constitucionalidad, al ser un requisito de fondo y no de forma (pues determina el procedimiento que deberá seguir la consulta y afecta su contenido) no puede estar supeditado al cumplimiento de un requisito formal, como es un plazo, fijado además en una norma de inferior jerarquía como la LOGJCC. La Constitución es de carácter supra legal, es decir, ninguna norma con rango de ley puede afectar, modificar o limitar su aplicación. Bloquear el cumplimiento de una norma constitucional por el supuesto vencimiento de un plazo luce contrario a los principios de un Estado constitucional como el ecuatoriano y atenta al espíritu de Montecristi. El neo-constitucionalismo queda, otra vez, erosionado.

El ejecutivo ha privilegiado pues sus intereses políticos de cortísimo plazo en desmedro de la institucionaidad de la República y de su propio signo de diálogo. Prima en esa opción cierto desespero presidencial por apalancar la Consulta como forma de construir su propio capital político –diferenciado del partido que lo puso donde está- y de colocar otro velo sobre sus múltiples problemas de gestión pública (escaso horizonte, contados logros).

La reverencia de la Corte Constitucional y del (sospechosamente) nuevo Consejo Nacional Electoral al decreto ejecutivo, impidiendo que al menos tenga lugar la sesión del Pleno en que debía abrirse el debate sobre la ideoneidad de las preguntas de la Consulta, completan el escenario de alineamiento de los poderes estatales al Presidente. Paradójicamente, es en nombre del desmonte de ese escenario que se quiere justificar la pertinencia de la consulta. La impostura institucionalista pudo cuidar mejor las formas de revelarse ante nuestros ojos.

En cualquier caso, es claro que sin el control de constitucionalidad la Consulta carece de robusta legitimidad democrática y queda empotrada como otro legado de una clase política habituada a fundar sus decisiones en la picaresca de atajos legales y jugarretas de traspatio.

Queda para el pueblo, para los colectivos sociales, urbanos, ambientalistas que quisieron escuchar alguna respuesta de la Corte ante sus impugnaciones y para el conjunto de la ciudadanía el imperativo de seguir interrogando el cabal sentido democrático de una Consulta que nace torcida.