Correa no terciará en las próximas elecciones presidenciales. El frenazo económico y la movilización política de 2015 aportaron a relajar una decisión con la que nunca estuvo del todo cómodo. No obstante, más allá de estas razones, desde que AP lanzó la propuesta de re-elección indefinida, una insospechada invariante marcó el desenlace que hoy reabre la lucha política en el Ecuador: el extenso escepticismo ciudadano con la “figura reeleccionaria” y con la imposibilidad de pronunciarse al respecto en las urnas. Ningún intento oficialista logró torcer tal estado de ánimo. Tampoco lo reforzó el bullicio opositor.

Así, la austera desconfianza de las mayorías sociales –retratadas siempre por las élites anti-populistas como un rebaño dócil- ha terminado por operar como poder disuasivo sobre decisiones arbitrarias. Tomar debida nota de estas señales de republicanismo popular aparece como antídoto contra cualquier tipo de mistificación del lugar de los liderazgos políticos en los procesos democráticos.

Saludar la reapertura del terreno de disputa política de cara a las próximas elecciones generales no supone, desde luego, conceder credenciales democráticas al modo en que han sido procesadas las enmiendas constitucionales. Si Guillermo Lasso, el candidato-banquero, está en capacidad de prometer hoy que, cuando sea presidente, su primera medida sería convocar una Consulta Popular para ratificar o rectificar lo que decida al respecto la Asamblea, es precisamente porque el oficialismo abandonó las armas de la democracia directa con que una vez consiguió interpelar al soberano. Ya en las arenas legislativas, Rivadeneira y Cassinelli tampoco pusieron demasiado empeño en debatir las reformas constitucionales con una sociedad que, lo sabemos, no se fía de su clase política, aunque cada tanto tenga que optar por una de sus facciones (más por espanto de las otras, que por acción de fe). Por ello, aún luego del abandono de la “estrategia reeleccionista pura”, la larga coyuntura de gestión de las enmiendas se cierra entrampada en una incipiente deliberación pública y en un bache de plena legitimación democrática.

Si bien la soberanía popular se ejerce también por medio de la representación política, la trascendencia de los cambios constitucionales exigía la más amplia participación popular en los debates legislativos.  A la vez, aunque las “enmiendas de las enmiendas” –banales en algunos casos- testimonian cierto esfuerzo por sintonizar con parcelas de opinión pública, tampoco lucen como un real esfuerzo de reconocimiento político de más amplias demandas sociales. Imperó, otra vez, la propensión hegemonista de AP, apenas atenuada por las nuevas circunstancias.

Por todo ello, si el oficialismo se ha resignado al cálculo realista de la política, parece imperativo dar forma a esas partículas de republicanismo popular y arrebatar al candidato banquero y a ‘las banderas negras’ la iniciativa de movilizar la participación directa para zanjar decisiones fundamentales para la patria. Las próximas elecciones generales deberían contar con una papeleta adicional para que el pueblo se pronuncie sobre la pertinencia de las enmiendas constitucionales que se apresta a votar la Asamblea Nacional. La Constitución fue una construcción colectiva y su reforma debe preservar tal configuración democrática.

El pronunciamiento final del legislativo no supone la parálisis de la voluntad popular. Prefigurar “la otra papeleta” para 2017 procura entonces reafirmar el lugar del constituyente originario en la producción de las reglas de vida en común. Situarla en el momento mismo de los comicios generales extiende el vigente conflicto por la Constitución al gran día en que el pueblo autoriza a los electos a gobernar en su nombre. Semejante horizonte de acción exige un trabajo reflexivo y cooperativo que, sin ignorar la centralidad de la disputa por el poder, no reduce la democracia a aquella y le otorga su más alto valor como medio y fin de la transformación social.

Foro de los Comunes