Es impostergable retomar las calles como lugar de resistencia. Históricamente las demandas que se fraguan en la movilización han permitido dar forma a la disputa en clave nacional-popular.

 La elección presidencial de 2017 nos colocó ante dos proyectos de país diametralmente opuestos. El plan de gobierno con el que Moreno llegó a la presidencia apostaba por continuar y profundizar un proceso comprometido con la supremacía del ser humano sobre el capital y con la necesidad de fortalecer lo público. Por su lado, la propuesta de la banca desempolvaba vetustas tesis neoliberales y apuntaba a la desregularización comercial, financiera y laboral. Las acciones del último año demuestran que Moreno optó por dar la espalda a su plan de gobierno y sus mandantes.

 El proyecto antipopular de Moreno toma forma mediante el retaceo del Estado y el desmantelamiento de lo público, la concentración de poder en el gran empresariado y la lesión a la soberanía.

 La Trole 3, mal llamada Ley de Fomento Productivo, clausura las fuentes de financiamiento del Estado y tiene un carácter rentista. El proyecto de las cámaras se come las finanzas públicas y obliga a retroceder en la oferta de servicios y el acceso a derechos. El recorte empieza a tomar forma con el despido de miles de servidores públicos y la flexibilización laboral.

 Después de un periodo de apuesta por la integración regional para equilibrar la correlación de fuerzas a nivel global, Ecuador se coloca nuevamente bajo el manto de EEUU y prefiere optar por la Alianza del Pacífico. El gobierno de Moreno apuesta por el TLC y el retorno de los TBIs, aunque esto implique renunciar a los principios de la Constitución y subyugue el interés nacional a los poderes transnacionales. Además, ha abierto la puerta al intervencionismo en asuntos tan sensibles como el manejo de la frontera norte.

Por otro lado, la paradójica reforma del CPCCS, concebida para eliminar cualquier rezago “correísta” de los organismos de control y de la institucionalidad pública, ha devenido en una grotesca acumulación de poder en la figura de Julio Cesar Trujillo y quienes lo sostienen. El “espíritu de Montecristi” pretende ser encarnado por siete transitorios que se colocan por encima de la Constitución. La nutrida presencia de las cámaras en estos espacios de poder está acompañada de ciertos sectores populares que todavía posan junto a ellos, pero aparecen subalternizados y sin voz propia.

 El combate a la corrupción es a conveniencia. Los grandes evasores no incomodan, al contrario, son premiados con la remisión de sus deudas. Mientras tanto, los órganos de control, cuyos titulares han sido designados a dedo, son utilizados para la vendetta política. Los autoproclamados defensores de la democracia procesan a su oposición mediante formas de justicia express que apuntan a la proscripción de la vida pública. El rechazo de estas ficciones es necesario para rebasar la funcional matriz correísmo/anticorreísmo y rescatar la posibilidad democrática de procesamiento de la oposición.

 La estrategia judicial contra los rivales políticos se ha librado en el terreno mediático. Como consecuencia, la presunción de inocencia se ha invertido contra el procesado; las pruebas condenatorias, lejos de tener una contundencia material, han sido testimonios de otros implicados; las medidas cautelares no han guardado proporcionalidad alguna. El estado de opinión se sobrepone al Estado de Derechos; hoy la víctima es un referente político del pueblo, mañana puede ser cualquier ciudadano.

 En definitiva, la actual cruzada “democratizadora y antipopulista” no revitaliza el campo subalterno. Al contrario, se perfila vertiginosamente como la implosión del proyecto nacional-popular. Las actuales alianzas en el poder ya no solo responden a tendencias neoliberales maquilladas con progresismo, sino también a formas autoritarias que desnudan “la mano tendida”. Frente a ello, la agenda de la resistencia pasa por la defensa de la institucionalidad democrática y de la garantía de derechos.

 Estaba anunciado que el régimen de Moreno se decantaría por la contención del conflicto bajo las formas de la gobernanza liberal, lo novedoso es que haya optado por fracturar al Estado de Derecho. La disputa no es solo contra el neoliberalismo sino por la democracia. Ante el unanimismo de los medios, la calle es pedagogía popular.