GOBDETODOS

El recorte de 145 millones al presupuesto de la educación superior del país, anunciado mediante el envío de la Proforma del Presupuesto General del Estado para 2019, ha retratado de cuerpo entero, una vez más, al “Gobierno de Todos”.

Una vez que la medida se conoció, la comunidad universitaria tuvo reacciones distintas. Los estudiantes se movilizaron en diferentes lugares del país, siendo Quito y Cuenca las ciudades donde se expresó con más intensidad este rechazo. Por los mismos días, más de 20 rectores de universidades públicas se reunieron con varios ministros de Estado con el “maximalista” objetivo de conservar el presupuesto del 2018.

Ya en la discusión de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior se había hablado de mejorar los ingresos de universidades con menor tamaño de estudiantes, sin embargo, ante la vigencia de la Trole 3 y la mántrica austeridad, estos ofrecimientos resultan imposibles de cumplir.

La foto en la que constan rectores y ministros de estado (ampliamente reproducida por los medios de comunicación) no es más que la máscara de un falso espíritu de diálogo. El acuerdo del ejecutivo con rectores para mantener el presupuesto de 2018 es falaz, puesto que la proforma fue enviada ya a la Asamblea Nacional.

El ejecutivo que pregona la independencia de poderes (a la carta), no puede honrar su palabra refugiándose en tuits y titulares. Anuncian un falso positivo mediático. Corresponde al legislativo observar la proforma enviada para que el ejecutivo pueda modificarla. Según el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pleno de la Legislatura debe formular observaciones a la proforma presupuestaria y devolverla o aprobarla con mayoría absoluta. En el caso de ser aprobada, se podrá incluir “recomendaciones” en el informe, las mismas que podrán ser acogidas o no por el Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, es facultativo. Como ejemplo basta ver que de las 18 recomendaciones realizadas a la proforma 2018 ninguna se cumplió a cabalidad.

Es así que, el correcto funcionamiento financiero del sistema de educación superior queda a criterio del ministerio de la austeridad que ve a la educación superior como un número, antes que como un derecho constitucional. El tiempo corre y tanto el ejecutivo como el legislativo no tienen claro cómo desactivar la acción colectiva estudiantil. Si la Asamblea no realiza observaciones a la proforma hasta el día viernes 30, la misma sería aprobada por el Ministerio de la Ley, ratificando el proceder legal del gobierno de los “alcances a los vetos” como mecanismo de implantación del ajuste.

Demandamos que el día jueves en el pleno de la Asamblea se hagan respetar los derechos de los comunes: estudiantes y docentes. Todos por una #USinRecortes y una educación para las mayorías.